JUEGUETES ROTOS

POLITICAS PÚBLICAS PARA EL GENOCIDIO DE LA INFANCIA Según una denuncia publicada en el libro “LA INTERNACIÓN DE MENORES COMO PRIVACION DE LA LIBERTAD -Circuito Asistencial y Penal” de la investigadora y psicóloga, Ana María Dubaniewicz “los menores pobres internados sin causa penal son discriminados, segregados, sujetos a tratos inhumanos y degradantes, a supresión de identidad, secuestro y desaparición forzada dentro de prisiones infantiles y fuera de los ámbitos familiares y comunitarios en lo que se denomina Circuito Asistencial y Penal.” La licenciada, especialista en temática de abandono de menores, ex detenida desaparecida dentro del sistema de apropiación estatal, como se define a sí misma, expone en su investigación que un 87% de los menores recluidos (unos 34.000, con un alto índice de de bebes y niños pequeños) son por causas asistenciales y por pobreza y solo un 13% lo son por razones penales, en su mayoría sin causa iniciada. El Colectivo Contrainformativo Fuego En Las Calles , en una entrevista realizada para el programa El Patio Trasero, en la Am 530 La Voz de Las Madres, conversó con Dubaniewicz que denunció:“El Estado ha producido y fomentado un abandono secundario del menor tutelado” . Haciendo uso y abuso de la Ley de Patronato de 1919(Sistema Tutelar)que junto con el Régimen Penal de la Minoridad (1980) con normas y códigos de hace 90 años crearon esa ideología por la cual el Estado tenía autoridad sobre los derechos del niños “autorizando a la Justicia a disponer de los niños ante casos de vulnerabilidad social y delictivos, proponiendo como primera medida el encierro, cuando debería ser la última opción” agregó. En 2005, la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes erradicó el sistema tutelar y dictaminó que la falta de recursos “no autoriza la separación (del niño) de su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización” aclaró la licenciada. La privación de la libertad es contraria además al espíritu de la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1990, en especial en su artículo 9 que limita la sustitución de la familia a circunstancias en la que es necesaria para el interés superior del niño. “…los institutos de menores son tumbas, en donde el chico cuando entra difícilmente puede salir y termina en la cárcel o un loquero” afirmó. El encierro en institutos y asilos religiosos siempre fue la solución ya que por cada niño sano se están gastando por mes unos 2 mil pesos en institutos y hasta 4 mil en los casos de discapacitados, se puede leer en lo publicado por Dubaniewicz. “…es una tentación para no darlos en adopción, para no liberarlos, esa es la cifra que en realidad se pierde en la burocracia del Sistema de Minoridad, en complicidad con de Jueces y organizaciones no gubernamentales, ya que a los hogares estarán llegando unos 400 pesos. Aún cuando llega cierta cantidad de dinero a los institutos, las condiciones de sobrevida de los chicos es deplorable, sin buena alimentación, equipo técnico, recreación, escolaridad”. Aseveró. “…El sistema es perverso y también impenetrable, por ejemplo, con el sistema de padrinazgo un chico puede salir los fines de semana con una familia pero si cometen el error de “encariñarse” mutuamente y la familia quiere adoptar al chico, este “desaparece” de la noche a la mañana, lo trasladan sin decir a donde…” se explayó. En la denuncia también se destaca que el circuito social está contaminado por el penal “…hay algo gravísimo en el sistema de minoridad. Cuando un empleado trabaja en el sistema penal y luego va al asistencial se dan casos en que un guardia de un instituto le deja la cara marcada con una zapatilla a un niñito de seis años encerrado por causas asistenciales. Imaginate el trato a los chicos que están por causas penales. Y si tenés la desgracia de ser mujer, el padecimiento es el doble.” nos relata la autora del libro. Consultada sobre que sucede finalmente con esos niños nos dice “Si no tiene una familia que los vaya a visitar que pueda contenerlos afectivamente, estos chicos van a ir solitos por dentro del circuito asistencial, de las instituciones. Si tiene instinto de vida se va fugar en la pubertad, va deambular en las calles hasta que necesite comer, juntarse con otros chicos para sentirse protegido, y va a empezar a consumir para calmarse el frio y no tener hambre. Va a empezar con la bolsita, los pequeños hurtos, robos y su primera entrada a la comisaria… La mayoría, por desgracia termina en una picadora de carne, en principio en la cárcel, segundo los psiquiátricos y tercero Open Door, que es para discapacitados. O con terribles daños emocionales como los míos que después de treinta años de terapia aun tengo secuelas por este tema.” Ana Maria Dubaniewicz viene reclamando desde hace un tiempo al Gobierno Nacional que, en consonancia con la actual política de Derechos Humanos, se “declare a la internación social de menores como privación de la libertad y crimen de lesa humanidad”. Los crímenes de lesa humanidad son serios actos de violencia perpetrados desde los Estados y/o gobiernos de cualquier parte del mundo, contra los seres humanos al golpear lo más esencial: su vida, su libertad, su bienestar físico, su salud y/o su dignidad. Son actos inhumanos que por su extensión y gravedad van más allá de de los límites de lo tolerable para la comunidad internacional, la que debe necesariamente exigir su castigo. Pero los crímenes de lesa humanidad también trascienden al individuo, porque cuando éste es agredido se ataca y se niega a la humanidad toda. Por eso lo que caracteriza esencialmente al crimen de lesa humanidad es el concepto de la humanidad como víctima.