NO es NO

Hace 500 años en la época de la conquista los colonizadores se robaban el oro y la plata, esclavizaban a los habitantes originarios y destruían su cultura. En la actualidad sigue pasando lo mismo, las empresas multinacionales continúan vaciando nuestras montañas de minerales con la diferencia que ahora contaminan, dejan a nuestros pueblos enfermos y destruyen los recursos naturales. Pero para entender hasta qué punto se están violentando nuestros derechos, veamos cómo se desarrolla en esta época la actividad minera en el país. Debido a la gran disminución de minerales concentrados en las montañas, consecuencia de la explotación en el pasado, hoy el mineral se encuentra diseminado en pequeñísimas cantidades en la profundidad de la montaña y para extraerlas utilizan el método de lixiviación. Esta práctica consiste en hacer estallar una montaña, procesar esa roca hasta convertirla en polvo y luego rociarla con agua y cianuro para separar el oro y la plata del resto de los minerales, todo este proceso, tanto la roca triturada con residuos de cianuro y metales pesados, como los químicos esparcidos que quedan luego de extraer los metales, son sencillamente abandonados en el lugar y a cielo abierto. Todo el proceso en general implica un enorme consumo de agua y electricidad. Una mina a cielo abierto puede llegar a utilizar hasta 70 millones de litros de agua diarios y la empresa a ubicarse entre los principales consumidores de electricidad del país. Trabajándose con toneladas y toneladas de roca diaria, es inevitable que no se genere una gran contaminación. En el caso de las minas que utilizan cianuro de sodio, es excesiva la cantidad de kilogramos de este veneno que se libera e impacta directamente sobre el ambiente. Hay que tener en cuenta que las minas se ubican en su mayoría en la cordillera, en la naciente de los ríos y en contacto con glaciares, provocando la contaminación de las fuentes de agua que muchos habitantes usan para beber, para desarrollar una actividad agrícola o ganadera. El cianuro puede ser inhalado, absorbido por las plantas, por la piel de los animales afectando todo el ecosistema. También puede afectar los sistemas acuáticos, aún en bajas concentraciones. La misma cantidad que el tamaño de un grano de arroz puede matar a una persona. Debido a una variedad de leyes sobre minería aprobadas en la década del menemismo y ratificadas por Todos los gobiernos siguientes, sumado al veto a la Ley de Glaciares de la actual Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, las empresas multinacionales y trasnacionales (YAMANA GOLD, en Esquel en la provincia de Chubut y la BAJO LA ALUMBRERA en la provincia de Catamarca, entre otras) cuentan con grandes beneficios, como lo son el desmedido suministro de agua y electricidad gratuitos y el apoyo de gobiernos locales ajustándose a sus necesidades, construyéndoles caminos, aeródromos y demás requerimientos. Además, existen numerosos gastos, como la realización del tendido eléctrico, la adquisición de equipamiento, los ensayos realizados, etc., que pueden ser asumidos por las empresas mineras, ya que luego podrán deducirlo en un 100 % del pago de los impuestos. Estas empresas no tributan impuestos, ni tasas municipales y provinciales, tampoco ingresos brutos, ni impuestos al cheque o al gasoil, solamente pagan regalías a las provincias donde realizan la extracción de un tres por ciento de lo que se llevan. Y se realizan la exportación por puertos patagónicos el estado les reintegra el cinco por ciento. Si leyó bien, pagan el tres y le reintegran el cinco. La falta de autoridades idóneas en materia ambiental, con la consecuente escasez de un modelo de desarrollo regional sustentable y la ausencia de gobernantes que prioricen la seguridad, la calidad de vida, el futuro de sus pueblos y la protección de sus ambientes, nos sigue arrimando a un peligro extremo. Este vacío institucional existente, se vio reflejado una vez más con el rechazo presidencial a la ley de protección de los glaciares. En donde, lejos de considerarse políticas tendientes a mitigar los efectos del cambio climático y proteger el recurso del agua, se sigue apostando a las mineras y a los gobiernos provinciales que las apoyan. Por otra parte, las solicitudes de cateo de las multinacionales siguen aumentando, lo cual nos deja anticipar el interés de estas empresas por explotar nuevos sitios y continuar con la depredación. Nos preguntamos entonces una y otra vez, detrás de cada nuevo pedido de explotación concedido: ¿Hasta dónde llegaremos para que las autoridades provinciales y nacionales, nuestros representantes, cumplan con su responsabilidad de velar por el bien todos los ciudadanos? ¿Qué debemos esperar para el futuro, si se siguen autorizando explotaciones? ¿Cuándo será tenida en cuenta la población para decidir que uso se le debe dar a nuestros recursos naturales? Solo Informándonos, opinando y reclamando, podremos frenar esta amenaza. Las leyes pueden y deben ser cambiadas e impedir que a más de 500 años de la conquista el saqueo continúe. Por eso decimos NO a la Mina.