LOS FANTASMAS DE AYER LAS SOMBRAS DE HOY

Especial FELC

Las metodologías de la última dictadura, continúan en democracia. Las llamadas fuerzas de seguridad siguen cometiendo, a más de veinte años del regreso a un gobierno constitucional, secuestros, torturas, asesinatos y sobre todo desaparición de personas, para intentar asegurarse impunidad por los delitos cometidos, repitiendo la conducta impuesta por el terrorismo de Estado “Cuando desapareció Miguel todavía la gente común creía en eso de `que en algo habrá andado ´ no había pasado lo de Cabezas, aún la bonaerense no era la maldita policía y los jueces parecían personajes intachables”,[1] dice Rosa Schönfeld mamá de Miguel Brú. El joven de 23 años, era estudiante de periodismo en la Universidad de La Plata y residente de esa misma ciudad cuando fue secuestrado y torturado hasta morir el 17 de agosto de 1993 por miembros de la Comisaría 9º de ese distrito. El “delito” de Miguél fué denunciar ante la Fiscalía a agentes de esa dependencia por apremios ilegales y abuso de autoridad ya que días antes habían registrado su domicilio sin orden judicial, por una supuesta denuncia por ruidos molestos. Desde aquel allanamiento hecho en abril y la posterior denuncia de los jóvenes, se realizaron por parte de la policía, una serie de actos intimidatorios, que culminaron con el secuestro y la desaparición de Brú. Estos sucesos tuvieron lugar durante un gobierno constitucional, en la primera presidencia de Carlos Saúl Menem, y a diez años del retorno a la “democracia”. El cadáver de Miguel aún continúa desaparecido, aunque esto no imposibilitó determinar su asesinato a través de pruebas indirectas, el testimonio de detenidos en la comisaría 9º y otros elementos de juicio. lo que le hicieron a Miguel, como lo atestiguan infinidad de casos, es moneda corriente ya que la tortura como técnica a detenidos y/o secuestrados en las seccionales y penales que integran el sistema penitenciario tanto nacional como provincial es tarea rutinaria. Tal es así que los policías que asesinaron en Mar del Plata a Cristian Campos[2] luego de secuestrarlo y de torturarlo, expresaron abiertamente: “los aprietes son comunes, se requiere un mínimo de procedimientos a realizar en el día y de esta forma conseguimos más datos” (Clarín 21/10/97). Estas metodologías o procedimientos comenzaron a notarse en nuestro país a comienzos de los años ´60 tras el golpe militar que derrocó a Arturo Frondizi, y del cual el caso emblemático es el de Felipe Vallese.[3] Se siguió repitiendo antes y durante el gobierno[4] constitucional de Isabel Perón, con la siniestra triple A (Alianza Anticomunista Argentina), y es la misma que usaron las instituciones que forman Fuerzas Armadas, en complicidad con una parte de la sociedad civil, en lo que llamaron, el Proceso de Reorganización Nacional. Con la excusa de combatir a las “organizaciones armadas” y con la declaración de que estaban llevando una “guerra contra la subversión”, guiadas por preceptos de la Doctrina de Seguridad Nacional, miles y miles de ciudadanos, en su mayoría jóvenes y adolescentes, fueron víctimas de un plan sistemático que consistía en cuatro métodos: la detención, secuestro, tortura, asesinato y ocultamiento de los cuerpos de las víctimas además de la sustracción de pruebas y rastros de lo sucedido. Cuatro etapas que en la actualidad, a más de veinte años del retorno a un sistema “democrático” de gobierno, el aparato represivo del Estado continúa implementando con la intención de permanecer impunes ante los crímenes por ellos cometidos. Casos como el de Cecilia Gubileo, aun desaparecida, Andrés Núñez, Eduardo López Fernández , Miguel Brú, en la provincia de Buenos Aires, Hugo Brandan en Santiago del Estero, los casos en Mendoza de Garrido/Baigorria, Jesús Garavaglia todavía desaparecidos, y Sebastián Bordón; también el de Rosa Pacheco en la provincia de San Juan, Héctor Gómez y Martín Basualdo en Entre Ríos, son solo algunos de los cientos, donde miembros de las Fuerzas Represivas del Estado son culpables de sus asesinatos y desapariciones o están imputados en esas causas, y muchos otros, demasiados, permanecen exento de castigo. La táctica de desaparición de los cuerpos por parte de las llamadas fuerzas de seguridad, le agregan un plus siniestro a los otros hechos cometidos (secuestro, tortura, asesinato), porque le quita a los familiares y amigos de las víctimas, el derecho al duelo y lo deja en suspenso, perpetuando así los efectos no visibles de sus cobardes y perversos actos. En este sentido debe entenderse la importancia de la sentencia en el caso de Miguel Bru, el primer juicio por un desaparecido en democracia: por primera vez, un tribunal argentino considero probada la muerte por tormentos sobre la base de pruebas, indicios y testimonios recogidos, aun cuando nunca fue encontrado el cuerpo de la víctima. La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, además, condenó por homicidio a los dos policías acusados de torturarlo y asesinarlo, sín perjuicio de continuar con las diligencias tendientes a hallar el cuerpo del joven. Este fallo inédito e histórico abrió una nueva perspectiva jurídica para los futuros juicios a los represores de la dictadura nacional entre los años 1976 a 1983. Comenzar a castigar a los responsables de genocidio perpetrado por el terrorismo de Estado, le llevo a la justicia argentina más de 20 años. Una vez iniciados los juicios a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar, le costó a la sociedad otra desaparición forzosa en democracia, la de Jorge Julio López[5] , uno más de una larga lista. Además de varios otros secuestros, torturas y amenazas a familiares, querellantes, testigos, y miembros de organizaciones populares y de derechos humanos con el solo fin de intimidarlos. ¿Deberemos esperar otros 20 años para que los responsables políticos de estas metodologías que se aprenden en las academias de las Fuerzas Armadas sean castigados y estas acciones erradicadas? ¿Cuánto deberemos esperar para que quienes apretaron el gatillo, condujeron los aviones, manejaron los Falcon verdes, cavaron fosas sean también castigados? Y esos que borran libros en las comisarias, y aquellos que arman causas falsas y dificultan investigaciones? , Esos jueces que se venden y esos fiscales que no actúan? Cuando vamos a dejar de asociar la palabra desaparecidos solo con la dictadura? Donde esta mi hijo/a preguntan las Madres, donde están mis nietos las Abuelas…donde, decían las “locas de la Plaza”. Donde esta Miguel preguntan en la Plata y hoy muchos repetimos también: Donde esta Marita Verón? Y Fernanda Aguirre? Y los desaparecidos de Mendoza? Y las turistas desaparecidas? Y Florencia Penachi y la doctora Gubileo? Ellos y ellas son solo algunos de los que fueron desaparecidos en una forma de gobierno “democrático”. Hasta cuándo vamos a tolerar estas ausencias forzadas? Es el Estado quien debe garantizar el juicio y castigo a los responsables ideológicos, políticos y materiales de estas acciones, mediante un dispositivo jurídico que lo haga posible. También es el Estado quien debe garantizar el derecho a la verdad, porque como dijo Rosa Schonfel, mamá de Miguel Bru en una entrevista “las personas no se evaporan”.[6] [1] Miguel, el símbolo por Horacio Cecchi en www.pagina12. com.ar/diario/ sociedad/ 3-24236-2003- 08-17.html [2] Cristian Campos de 16 años fue secuestrado, brutalmente golpeado, fusilado y finalmente quemado mientras agonizaba, por tres policías de Mar del Plata el 5 de marzo de 1995. [3] Felipe Vallese fue secuestrado el 23 de agosto de 1962, era delegado del personal de la metalúrgica Trafilación y Esmaltado de Alambres de cobre, y militaba en la Juventud Peronista. Vallese fue levantado a trompadas y culatazos por una banda de seis policías de la Unidad Regional San Martín de la policía bonaerense. Tenía 22 años, su cuerpo nunca apareció. [4] Desde el comienzo del gobierno constitucional de Héctor Cámpora, el 25 de mayo de 1973, hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, hubo más de 1100 casos de desapariciones forzadas de personas y ejecuciones sumarias. La cifra surge -nada menos- que de uno de los anexos del informe Nunca Más, en la edición del 30 aniversario del golpe de Estado, publicada en marzo del año pasado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Según Organismos oficiales los desaparecidos llagarían a 600, pero para varias ONG serian 900. www.lanacion. com.ar/archivo/ Nota.asp? nota-id:875007 [5] La desaparición de Jorge Julio López, ocurrida el 18 de Septiembre del 2006 luego de dar testimonio en el juicio al represor y ex comisario Miguel Etchecolatz. Su declaración fue fundamental para probar el asesinato en el “pozo Arana” de Patricia Dell’Ortto y de Ambrosio de Marco en tiempos de la dictadura. [6] Entrevista a Rosa Schonfel, 27/06/2007.